El informe evalúa el progreso social en Perú entre 1994 y 1997 e indica que, a pesar de las mejoras en el bienestar social durante este período, existen desigualdades significativas en el crecimiento económico y los programas gubernamentales. Además, se revisa la distribución de las principales inversiones públicas, lo que revela que, independientemente de los esfuerzos del gobierno por llegar a la población rural marginal, sólo se han contabilizado beneficios parciales mensurables, lo que sugiere que aún persisten variaciones extremas en el ingreso regional. Es interesante observar que, aunque la brecha de género se ha reducido y algunos grupos vulnerables están compartiendo los beneficios del desarrollo, ciertos grupos, a saber, la población indígena, parecen haberse quedado atrás, corriendo el riesgo de sufrir privaciones. Asimismo, la estabilidad social de los niños sigue siendo dudosa. Aunque este informe no recomienda cómo erradicar la pobreza en el Perú, sí sugiere que sería beneficioso establecer vínculos más estrechos entre los responsables de las políticas económicas y sociales para proporcionar análisis técnicos sólidos y asesoramiento en la formulación de políticas. A continuación debe realizarse una evaluación adecuada para valorar los cambios en los programas y gastos y controlar la idoneidad de la distribución.