Las políticas de desarrollo alternativo son un componente importante de
la promoción del desarrollo en los Estados afectados o, en algunos casos, en
peligro de verse afectados por el cultivo ilícito utilizado para la producción y
fabricación ilícitas de drogas, y desempeñan un papel importante en las políticas
nacionales, regionales e internacionales de desarrollo y en las políticas integrales
de alivio de la pobreza y cooperación;
2. El desarrollo alternativo, en su carácter de componente integral de las
políticas y programas para reducir la producción de drogas, es una opción
importante, viable y sostenible para prevenir, eliminar o reducir de manera
considerable y cuantificable el cultivo ilícito de plantas utilizadas para la
producción y fabricación de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en la lucha
contra la pobreza y la falta de medios de subsistencia;
3. El desarrollo alternativo, incluido, en algunos casos, el desarrollo alternativo
preventivo, constituye una política internacional fundada en el principio de la
responsabilidad común y compartida con la que se procura frenar el cultivo ilícito
en los países afectados por ese problema y en los que son vulnerables a
actividades ilícitas;
4. El desarrollo alternativo, que comprende, según proceda, estrategias y
programas de desarrollo alternativo preventivo, debe formularse y aplicarse
teniendo en cuenta la vulnerabilidad y las necesidades especiales de las
comunidades y grupos afectados por el cultivo ilícito utilizado para la producción y
fabricación de drogas, en el marco más amplio de las políticas nacionales