La Participación de las Fuerzas Armadas en los Nuevos Conflictos Sociales y su transcendencia en el Desarrollo y Defensa Nacional
- Lima - Chorrillos CAEN 2018
- 113 paginas A4 CD
RESUMEN Los conflictos sociales han representado últimamente un problema muy significativo para el mantenimiento del orden público en la sociedad peruana. El país últimamente ha presentado un desarrollo económico, principalmente por la industria extractiva siendo la minería la actividad principal. Esta situación ha generado en algunos lugares del país graves problemas sociales, que han ocasionado pérdidas económicas y en algunas oportunidades la vida de personas tanto civiles como policías. Ante la necesidad de restablecer el orden público, los gobiernos de turno ha recurrido al apoyo de las Fuerzas Armadas al haberse rebasado la participación de la Policía Nacional del Perú, hecho que se sustenta en lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución Política del Perú y para lo cual realiza diferentes actividades como lo indica el Decreto Legislativo N°1095 sobre “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”. Normatividad que tiene como objeto establecer el marco legal que regula los principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza, en cumplimiento de su función constitucional, mediante el empleo y capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, esto en defensa del Estado de Derecho y asegurar la paz y el orden interno. Asimismo la Ley N°30151 establece que: “Está exento de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”. Dentro del marco del Tribunal Constitucional existen sentencias donde se le faculta a las fuerzas Armadas para prestar apoyo a la Policía nacional del Perú en el control del Orden Interno ante delitos como tráfico ilícito de drogas y terrorismo, así como para proteger las instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, incluso cuando no se ha declarado estado de excepción y pueden intervenir en los demás casos constitucionalmente justificados, cuando peligra la vida, integridad, salud o seguridad de las personas, de todo o parte de la población, le hacen frente a los conflictos sociales que se desarrollan a nivel nacional.
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